“Catástrofe en la ciénaga mallorquín ya es inevitable”.

Ciudad educadora.
Por: Rafael Sánchez Anillo

“Catástrofe en la ciénaga mallorquín ya es inevitable”.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, revocó la decisión de mantener la Ciénaga de Mallorquín en la denominada Zona ramsar, la exclusión de la Ciénaga de Mallorquín del acuerdo internacional de protección de humedales, firmado por Colombia significa el desastre inminente a la que se someterá el patrimonio de humedal más grande e importante que le queda a Barranquilla y es un atentado contra nuestra la reserva ecológica. No comparto y me distancio de la posición del Alcalde Alejandro char , del Gobernador Eduardo verano y de los gremios de la ciudad en apoyar esta decisión ante el gobierno nacional, para entregarlo sin ningún control a las concesiones, para la construcción e implementación de muelles carboníferos que acabarían y atentarían contra el ecosistema, la biodiversidad de la Ciénaga de Mallorquín y la salud de los ciudadanos Barranquilleros y Atlanticenses. El Contralor Distrital Jorge Iglesias, en rueda de prensa, el 22 de julio de 2008 advirtió al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (Damab) sobre la destrucción total a la que estaría expuesto el ecosistema de la ciénaga de Mallorquín por la construcción de dos puertos carboníferos que fueron autorizados por esa entidad.
El contralor Distrital, anuncio, que el concepto técnico número 0184 del 30 de enero de 2007 y el 0457 de marzo 7 del mismo año, que sirvieron de soporte para el otorgamiento de las licencias ambientales a la Sociedad Portuaria Terminal Las Flores y a la Sociedad Masering Ltda para la construcción y operación de los terminales portuarios, evidencian irregularidades La compensación de 1.200 árboles presentada por esta entidad —a criterio del Contralor— no se ajusta a la realidad de la ciénaga. En las 2,6 hectáreas sobre las que va a intervenir la Terminal Las Flores señala la presencia de 846 de mangles que corresponden a 325 por hectárea.
De acuerdo con el estudio realizado por la Contraloría Distrital el número de hectáreas que intervendrán llegarían a 25 y no 13 como lo autorizó el Damab. Según Jaime Enrique Herrán, Coordinador del Comité de Medio Ambiente de la Contraloría, la principal irregularidad que tienen estas licencias es que autorizan la tala de todo el mangle de la margen oriental de la Ciénaga de Mallorquín. “Esta acción está prohibida en toda la Costa Caribe (excepto en Bahía de Cispatá, en Cordoba), como lo ordena la resolución 1602 de 1995 y la Ley 357 de 1.997, que legisla sobre el Convenio Colombia-Ramsar en el que el país se compromete a preservar los humedales”. Dice Herrán que el impacto negativo sobre los peces y otras especies que tienen como hábitat este sitio es ser proveedor de alimento, lugar de anidación y refugio por lo que el manglar se convierte en la sala cuna de camarones y crustáceos. Precisa, que acabar con el manglar es arrasar con la etapa inicial de desarrollo de todas las especies, que luego en su juventud y madurez regresan al mar. Además —agrega el experto— se perdería la regulación de la humedad relativa en la zona, se disminuiría la gran capacidad recicladora de dióxido de carbono (CO2) y se desprotegería los terrenos de procesos erosivos, entre otras anomalías. Jorge Iglesias indicó que debe haber una política clara sobre la construcción de muelles. “Así como vamos, todo el que tenga un pedazo de tierra podrá montar un desembarcadero y entonces tendremos un puerto para el arroz, otro para el cemento y en fin, hay que ponerle freno a esto antes que se vuelva incontrolable”, critica el Contralor.
Quiero dejar mi posición crítica y de rechazo a la entrega sin control de la ciénaga de mallorquín a los gremios económicos de la ciudad, sin importar la destrucción de una reserva ecológica, la cual en pocos años cuando se implementen los puertos carboníferos, solo encontraríamos ruina, destrucción forestal y de peces. Se hace necesario los pronunciamientos y acciones de los diferentes sectores sociales, jurídicos, políticos , cívicos y entes de control, en defensa de nuestro patrimonio ecológico.
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