CIUDAD EDUCADORA.
POR Rafael Sánchez Anillo.
JORNADA ÚNICA ESCOLAR.
En 1969 para resolver el problema de cobertura por la creciente urbanización del país, se estableció, con carácter temporal, la doble jornada en los establecimientos educativos estatales. Medida que se prolongó en el tiempo, afectando la calidad educativa y generando adicionalmente conflictos entre los docentes y estudiantes de las jornadas. Comparativamente, la implantación de la doble jornada trajo como consecuencia el hecho que el tiempo escolar del nivel básico y medio estén por debajo de países como Estados Unidos, Alemania, Japón y el resto de Europa, y distante de la mayoría de países en proceso de desarrollo, en condiciones similares a Colombia.
El debate nacional y los antecedentes a la expedición de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, reconociendo esta problemática, plantearon siempre, desde diferentes perspectivas, la necesidad de que los establecimientos educativos ampliaran la JORNADA ESCOLAR y ofrecieran una sola jornada diurna o JORNADA ÚNICA, hechos estos asociados al problema de la calidad de la educación en relación con las posibilidades de innovación y auto transformación de la institución escolar. Esta discusión quedó plasmada en el artículo 85 de la Ley 115 y fue desarrollada en los artículos 57 y 60 del Decreto Nacional 1860 sobre organización y administración del servicio educativo. En este contexto, se expide a las instituciones extender la duración de su jornada así como la adopción de un Programa de conversión a JORNADA ÚNICA y a las Secretarías de Educación del país, se le asigna la función de evaluar y autorizar dichos planes.
La implementación de la jornada única es una decisión del Estado que requiere el crecimiento de la infraestructura escolar, el aumento de recursos para el sector, la adopción de nuevas metodologías y naturalmente el reconocimiento social y la satisfacción de las necesidades de mejoramiento de las condiciones salariales y prestacionales de los docentes, docentes directivos y personal administrativo.
Resulta coherente que la institución escolar, en ejercicio de su autonomía y en consonancia con su horizonte institucional, sea quien diagnostique las condiciones de desarrollo de su población escolar, de sus recursos y posibilidades y elabore su programa de conversión a Jornada Única. Igualmente compete a la Secretaria de Educación dentro de su plan de desarrollo Distrital, regular los procesos de conversión y armonizar necesidades y posibilidades de docentes, alumnos e infraestructura con cobertura y sistemas administrativos.
La ampliación de la jornada escolar y la implementación de la Jornada única involucran transformaciones más profundas y más extensas que las relacionadas con el tiempo. Involucran formas distintas de relación entre los sujetos, con el conocimiento y con el entorno cultural próximo y distante. Se requiere asumir, dentro del principio de autonomía escolar, nuevas formas de organización escolar que contribuyan, no solo a orientar los procesos de conversión, sino también a diseñar propuestas pedagógicas alternativas que incidan significativamente en el desarrollo profesional de los docentes y en el desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de los estudiantes.
La actual alcaldesa, Dra. Elsa Noguera ha anunciado la implementación de la jornada única en las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla, con los fundamentos de que los estudiantes estarían menos expuestos a la delincuencia, al consumo de sustancias psicoactivas y a la inseguridad. Y que los estudiantes se beneficiarían recibiendo una educación integral con actividades pedagógicas, artísticas, lúdicas y deportivas, diferentes de las netamente académicas, que se trabaja actualmente. Seguro que la visión de la mandataria es buscar un beneficio del mejoramiento de la calidad de la educación, se hace necesario recomendarle que este proceso de transición se construya en consenso, participación de la comunidad educativa y respeto a la autonomía escolar institucional.
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